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Previsto para enero de 2019, el formalismo debe realizarse en el Parlamento, hoy en manos opositoras

 

CARACAS- Nicolás Maduro avanzó ayer en su peculiar "diálogo" y pacto de unidad nacional, que hasta ahora se resume con la expulsión de dos diplomáticos estadounidenses; las nuevas amenazas contra el expresidente del Parlamento Julio Borges; la puesta en marcha de sanciones contra el diario opositor El Nacional, y el encarcelamiento de 11 militares acusados de traición a la patria.

 

Y, sobre todo, con los oídos sordos ante las acusaciones de fraude y de compra de votos, que para buena parte de la comunidad internacional y la oposición marcaron el 20 de mayo. Desde el Palacio de Miraflores comenzó a gestarse el martes una respuesta sin paliativos contra la presión internacional: el adelanto de la juramentación del presidente, que según el propio Consejo Nacional Electoral (CNE) chavista no debería producirse hasta mediados de enero de 2019, cuando da comienzo la nueva legislatura.

 

La iniciativa del gobierno fue suspendida ayer por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que en el pasado favoreció en casi todos sus fallos al gobierno.

La ceremonia que pretende Maduro no se haría ante el Parlamento, tal y como obliga la Constitución, sino en la Asamblea Nacional Constituyente, el órgano revolucionario que desde el año pasado funge como una mezcla del Comité de Salud Pública de la Revolución Francesa y la Asamblea del Poder Popular de Cuba.

 

En su habitual diplomacia del péndulo, el chavismo decidió liberar ayer a los siete ejecutivos del Banco Banesco, intervenido por el gobierno bolivariano a principios de mes. "Se han otorgado en el medio de las investigaciones unas libertades condicionadas. No son libertades plenas. Ya con ello quedan todos en libertad con medidas restrictivas, pero obviamente las investigaciones continúan", explicó el fiscal Tarek William Saab. Sin duda, una medida excepcional en un país donde un preso pasa años encarcelado en prisión preventiva, incluso con fallos de libertad emitidos por jueces.

 

De esta forma se completa la liberación de todos los directivos de Banesco, el mayor banco del país y el que soporta buena parte de las operaciones electrónicas de pago en una economía que carece de efectivo. Las cuatro ejecutivas abandonaron el sábado el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), una prisión donde sufrieron condiciones penosas, sin agua y expuestas a la violencia.

 

Los siete hombres estaban ingresados en la cárcel caraqueña de La Planta, donde han sufrido un régimen marcial, les han cortado el pelo al cero y estaban obligados incluso a cantar himnos chavistas.

 

Banesco agradeció de inmediato al exjefe del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero "por la firmeza y eficacia de sus diligencias, que han logrado la liberación de los 11 ejecutivos de nuestra organización, que habían sido detenidos en el marco de la Operación Manos de Papel". El chavismo tendió una trampa a los 11 directivos, citándolos a una reunión que fue interrumpida por el asalto de un grupo de funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar, quienes esposaron a los atónitos y aterrorizados ejecutivos para llevárselos a una sede policial.

 

La fiscalía insistió en el ataque a la moneda como excusa para la intervención del banco. En plena campaña, Maduro agitó la bandera de la supuesta guerra económica para justificar el descalabro económico y social. Además, el terror invadió los mercados del dólar blue, que ya llevan días cabalgando de nuevo. El billete verde americano se cotizaba ayer a 1.300.000 bolívares.

 

Rechazo del G-7 al proceso electoral

Las naciones del Grupo de los Siete (G-7) rechazaron ayer el resultado de la elección presidencial de Venezuela, alegando que la victoria de Nicolás Maduro carece de "legitimidad y credibilidad", y pidieron una nueva votación. Los líderes de los siete países más industrializados (Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos), junto con la Unión Europea, consignaron que "están unidos en rechazar el proceso electoral" que condujo a la votación del 20 de mayo. "No se han respetado las normas internacionales y no se han asegurado las garantías necesarias para un proceso inclusivo, justo y democrático. Esta elección y su resultado carecen de legitimidad y credibilidad", señaló el comunicado. La elección venezolana fue ampliamente condenada por la comunidad internacional como una farsa.

 

Fuente: La Nación